Tras el clamor popular y las constantes consultas y reclamaciones de la ciudadanía, incluidas diversas asociaciones de pacientes, que han otorgado a la Unión de Consumidores de Málaga la portavocía para denunciar el lamentable estado en el que se encuentran los hospitales y centros de salud de Málaga y provincia. Estas personas y colectivos se encuentran desprotegidos ante un sistema que no les escucha ni tiene en cuenta las necesidades, máxime cuando son enfermos los que no encuentran apoyo en el sistema.

La unificación – convergencia – fusión  entre hospitales se está realizando sin motivación, impidiendo la competencia leal en efectividad y desarrollo, a lo que se suma la precariedad de la demanda y oferta de los servicios sanitarios en Málaga en comparación con otras provincias. Todo ello bloquea la cercanía al sistema sanitario, que está desmotivando a los profesionales y creando situaciones de impotencia en los ciudadanos.

Esta desmotivación y apatía entre los profesionales, que se ven apartados de la participación en el sistema (solo lo hacen de manera obligada en las unidades de gestión), está provocando una desconfianza total en el sistema y que los propios integrantes se estén dando de alta en pólizas privadas sanitarias de forma masiva. Han pasado de ser agentes implicados a encerrarse en su hábitat y a cumplir sin más sus obligaciones. Los actuales gestores han batido en los últimos años récord de expedientes disciplinarios contra los profesionales, en la mayor parte de los casos, precisamente por objetar a la gestión. Las reclamaciones no son vistas como oportunidades de valor añadido o incentivo de mejora, sino que repercuten negativamente en los salarios e imagen de los profesionales sanitarios.

Las gestiones se están realizando sin palpar realmente la realidad, desde los despachos y sus responsables pasan la mayor parte de la jornada entre traslados de hospitales y centros. La cantidad de taxis de ida y vuelta en los accesos hospitalarios es muy destacable.

Los usuarios han pasado de encontrarse posicionados en el centro receptor a padecer incertidumbres y angustias sin expectativas. Con el argumento y excusa de la crisis por falta de medios, se toman decisiones muy cuestionadas que no dan respuesta al paciente.

Carlos Haya

Uno de los hospitales de referencia a nivel nacional en excelencia ha pasado a estar muy negativamente valorado como ya se conoce habitualmente por la prensa. Su conservación es pésima, así como el deterioro progresivo de todo su equipamiento.

Su sala de urgencias, consultas y servicios, por la que anualmente pasan más de 100.000 personas, suele estar sucia y de mal aspecto, su conservación se encuentra en un estado lamentable. Todo ello repercute en el ánimo de los pacientes, favoreciendo la angustia en sus tiempos de estancia, habitualmente masificadas (no solo por los periodos estacionarios). La atención suele estar priorizada por los MIR, siendo insuficientes los médicos adjuntos. Tampoco es suficiente el número de enfermeros ni el de auxiliares, así como todo el personal sanitario.

La falta de limpieza y mantenimiento son visibles en todas las salas y pasillos del hospital. Es más, en el área de subdirecciones al limpiar los alicatados (¿desde cuando no se limpiaban?), se desprendieron más de cien azulejos. En las zonas asistenciales, la conservación no es mucho mejor.

Traslado de la Unidad del Dolor

Los cambios y movimientos de servicios, como la recién conocida de la Unidad del Dolor, son impuestas sin razonamiento de respuesta enviando a los usuarios al extrarradio. Estos tendrán que ir hasta el Hospital Marítimo de Torremolinos, también muy deteriorado, sin comunicación de transportes (se motiva en que facilitarán ambulancias, aunque no se tenga criterio clínico para la prescripción) y con traslados colectivos que hacen insoportables los tiempos por tener que recoger y retornar uno a uno los ocupantes de los vehículos. Estos enfermos acuden habitualmente a consultas programadas y a demanda respectivamente debido a sus dolencias.

Para más inri, a esta Unión de Consumidores y USUARIOS, miembro del Grupo de Salud del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, del Comité de Participación del Servicio Andaluz de Salud, y de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, miembro presente en todos los órganos de participación Autonómicos y Provinciales relacionados con Salud, públicos e instrumentales, el pasado lunes se nos rechazó la participación en la convocatoria a las asociaciones de pacientes en que se informaría del traslado de la unidad del dolor de Málaga, incumpliendo la obligación de audiencia que por Ley nos corresponde y que habitualmente se nos deniega.

Por su parte, la Atención Primaria actualmente tiene una demora media de 6 días para citas de médico de familia y pediatría, por lo que cuando se presenta un cuadro clínico de enfermedad, fiebre, etc., se acude a las urgencias hospitalarias por no poder esperar.

Las Unidades de Gestión Clínicas fueron concebidas para dar una respuesta integral con todos los agentes intervinientes a la demanda ante una enfermedad, favoreciendo, relacionando y mejorando la totalidad de procesos en beneficio del ciudadano. En realidad, actualmente se está manipulando de manera torticera para controlar la gestión de los servicios de especialidades médicas e igualmente a los profesionales implicados.

Lo que se está consiguiendo con la actual gestión es complicar el acceso a la demanda asistencial como son, consultas o las urgencias o, como se ha citado más arriba, la Unidad del Dolor. Complicando este acceso no se generarán tantas asistencias y acudirá un menor número de enfermos. Incluso las extracciones de laboratorio hospitalarias y/o especialidades que ahora son mediante cita previa – a pesar de que funcionaban bien y en el día -  y que están provocando días y días de demora. Aunque parezca muy duro, parece que lo que se pretende es complicar el acceso a los servicios sanitarios y así conseguir disminuir los actos sanitarios con el consiguiente ahorro por falta de asistencia.

También hay que desmentir que se hayan aumentado los presupuestos en conciertos para que la sanidad privada asuma la demanda. Actualmente se están disminuyendo los conciertos por debajo del 50%, lo que sin duda, y sumado a todo lo anteriormente expuesto, está aumentando las listas de espera (lo que se desconoce por falta de trasparencia y fácilmente manipulables).

Los órganos de participación se encuentran vacíos de contenidos y solo se convocan para cumplir el objetivo del programa. En algunos casos, como el Consejo de Salud de Área, se hace por imposición directa de sus miembros. Como ejemplo se aprobó el último acta del 2011 y por aclamación, sin cumplir mínimamente con la Ley de Procedimiento Administrativo. No es posible la aprobación de un acta con 3 años de retraso, máxime cuando el decreto establece un mínimo de reuniones (al menos una al año) y para mayor abundamiento por aclamación, y eso que muchos de los asistentes no estuvieron en el de referencia del 2011. Eso sí, se nos vendieron muy bien las bondades del IV Plan de Salud de Andalucía, incluso a sabiendas que el II todavía está incompleto y del III se desconoce lo realizado en su totalidad.

Problemas en las farmacias

Entre los problemas más destacados que padecen día a día las oficinas de farmacia destacan: los desabastecimientos continuos de medicamentos, farmacias rurales en situación precaria que a corto y medio plazo tendrán que cerrar, medicamentos por subasta dudosamente aceptables en sus contenidos: excipientes; (múltiples quejas diarias por incompatibilidad y/o rechazo por los enfermos, etc.), fallos continuos en la gestión de las prescripciones, etc. Actualmente no se desarrolla un modelo de participación que integre a los farmacéuticos como verdaderos agentes de salud.

La participación de todos es cuestión de principios democráticos, además de estar priorizada y legislada en el actual modelo de salud. Los actuales gestores en Andalucía la están menospreciando, siendo un derecho y no una caridad o favor. La información  y participación que están dando hoy día es mayoritariamente manipulada e interesada, además de carecer de contenidos.

En los tiempos actuales de crisis económica no se puede anular la participación e implicación de los usuarios, todavía más cuando está desarrollada y pagada por los impuestos de los ciudadanos, correspondiéndonos a las Organizaciones de Consumidores y Usuarios y a las asociaciones de enfermos la representación de los mismos tal y como establecen los derechos constitucionales, legislación  y los órganos creados a tal efectos y que además consolidan un servicio público. No se puede justificar su inacción por problemas económicos ya que su dedicación y participación es totalmente solidaria y gratuita. Realmente es porque molesta dar respuesta a la sinrazón y a la mala gestión pública y decisiones no aceptadas.

Se han cuestionado los cambios producidos en los sistemas de salud autonómicos en España, destacando la Junta de Andalucía lo bien que se está desarrollando su modelo. Nada más lejos de la realidad, ya que, si continuamos con esta forma de proceder, a corto plazo será inviable. Está realidad sí está ya en la opinión pública, a la que no se está escuchando y la que, como mínimo, se merece el respeto de los gestores políticos.

Implicación de colectivos

Desde la Unión de Consumidores de Málaga nos mostramos totalmente implicados con las asociaciones de pacientes y, desde nuestra independencia y como es nuestra obligación, realizaremos las denuncias oportunas para blindar el servicio sanitario a los ciudadanos. Otras asociaciones, como FACUA, acuden a reuniones, como la organizada por el Colegio de Médicos de Málaga, participando activamente en el análisis de la convergencia de unidades de gestión, en las deficiencias y otras, pero a la hora de dar imagen pública se descuelgan y retractan e informan que no desean aparecer de cara a la Administración andaluza.

Queremos dejar constancia expresa que no es nuestro interés, e igualmente tampoco nuestras formas habituales, la de crear alarmar social en los ciudadanos. Nos vemos en la necesidad de la denuncia pública por la falta de interlocución con los responsables políticos y gestores de la Administración andaluza. Por lo que igual y reiterativamente solicitamos a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud (es consciente de la realidad) compruebe y analice los hechos denunciados y actúe en consecuencia.

Nuestro deber como Organización de Consumidores y Usuarios es respaldar a los ciudadanos que acuden a sus centros sanitarios cada día para que reciban la mejor de las atenciones con profesionales motivados por el sistema y con el equipamiento que corresponda.